La mal llamada reforma al Sistema Previsional de las AFP
El proyecto legislativo relacionado con el ahorro previsional privado se han hecho aparecer como una gran reforma al sistema imperante desde comienzos de la década del 80. En sus más de 25 años de existencia, dicho sistema ha conservado su característica central que no es otra que ser una viga maestra del sistema neoliberal imperante, en virtud del cual el ahorro forzoso o impuesto previsional es enteramente administrado en cuentas individuales por un conjunto de empresas privadas cuyo norte esencial es el lucro, el cual se verá acrecentado, si se aumenta el mayor numero de afiliados a la administradora, lo cual se logra mediante la publicidad de las mayores rentabilidades obtenidas por el fondo de que se trate respecto de los demás.
Este sistema, concebido sobre la base de una rentabilidad promedio del 4% anual en sus orígenes, ha obtenido una rentabilidad superior a la proyectada, pero fracasó por las características del mercado laboral chileno, tanto en cuanto a las rentas esperadas como a la periodicidad de los ingresos de los trabajadores. El resultado es que el cálculo fue equivocado y más del 50% de los afiliados terminará en una pensión mínima. Este fracaso se corrige por la autoridad mediante el llamado pilar solidario, nombre que escabulle el bulto sobre el verdadero alcance, por cuanto se trata de un pilar que se hace cargo de la verdadera falencia del sistema para otorgar pensiones decentes a todos los chilenos. Esta es una realidad indesmentible y llama poderosamente la atención, a primera vista, que la autoridad lejos de reconocer los motivos reales por la cual debe intervenir, aparezca sólo aplaudiendo, y no condenando el fracaso de los privados oligopolios. Las pensiones asistenciales, así definidas en esta nueva idea, inferiores al salario mínimo, son la prueba evidente del fracaso y de la necesaria intervención del Estado.
En otro orden de materias llama poderosamente la atención que las autoridades del gobierno hayan expresado tajantemente que no habrá ninguna AFP estatal. Atendido lo anteriormente expuesto ello resulta completamente inexplicable, porque precisamente si es el Estado el que asume el salvataje, no se divisa razón alguna para que no se cree un organismo que ayude a regular la competencia, y en cierto modo la asegure, como ocurre en otras áreas de la economía lo que a áreas sociales se refiere.
En efecto, el sector estatal chileno contribuye a dar servicio y a competir en diversos sectores sociales. Así, podemos ver que FONASA compite con la salud privada; los colegios municipales o estatales compiten con colegios subvencionados y los privados sin subvención; en el área penal el Estado provee defensa a los imputados en competencia con los abogados que ejercen libremente la profesión; en la banca el banco Estado compite con la banca privada.
Estos ejemplos nos llevan a pensar que sólo la presión económica del gremio de las AFP ha podido cerrar la iniciativa que en otros campos económicos sociales se da con evidentes beneficios para la población.
Se agrava esta circunstancia si se considera que el fracaso del sistema privado para los más pobres hará incurrir al Estado en un gasto fiscal a partir del año 2007 superior a 2 dígitos y consumiéndose de paso y por muchas décadas, sino en forma permanente, parte de los ingresos fiscales que se suponía se ahorrarían una vez que el sistema previsional privado reemplazara al viejo sector público. La alta ideologización que conlleva la negativa para que el sector público compita con el privado por servicio, comisiones y rentabilidades huele demasiado mal para no hacerlo presente ante la opinión pública y los encargados de legislar por elección popular.
Durante largo tiempo la banca privada buscó poder abrirse al sector previsional. Si bien existían razones poderosas para acceder a su pedido, la alta concentración alcanzada por ella hace inconveniente otorgar tal autorización y es preferible que los grupos económicos propietarios de los bancos lleven a cabo el negocio previsional si lo desean mediante sociedades completamente diferentes al giro bancario. Se trata de negocios distintos, a plazos y retornos diferentes, en el que además pueden existir graves conflictos de intereses. El gran argumento que se había dado para acceder a que la banca pudiera ingresar al sector previsional se ha terminado con la negativa que el señor Ministro de Hacienda ha dado a la expectativa de que el Banco Estado ofreciera servicios profesionales. Y como el Banco Estado, aunque tiene un directorio, responde al Ministro de Hacienda en sus decisiones de política estratégica, mientras el actual Ministro de Hacienda esté en su cargo y la Presidenta acepte sus predicamentos no habrá una AFP estatal, y entonces, siguiendo la más estricta lógica, nada justifica el ingreso de los bancos al sistema privado de pensiones, porque su aporte a la competencia no será significativa.
En síntesis, la “reforma” no es tal. Los cambios propuestos no cambian los ejes del poder económico en juego y la base del sistema, la acumulación individual, no se toca. El “pilar solidario” es una intervención asistencial del Estado, obligada, mínima y en definitiva un apoyo a un sistema que no funcionó para los más pobres.
Ramón Briones Espinosa
Este sistema, concebido sobre la base de una rentabilidad promedio del 4% anual en sus orígenes, ha obtenido una rentabilidad superior a la proyectada, pero fracasó por las características del mercado laboral chileno, tanto en cuanto a las rentas esperadas como a la periodicidad de los ingresos de los trabajadores. El resultado es que el cálculo fue equivocado y más del 50% de los afiliados terminará en una pensión mínima. Este fracaso se corrige por la autoridad mediante el llamado pilar solidario, nombre que escabulle el bulto sobre el verdadero alcance, por cuanto se trata de un pilar que se hace cargo de la verdadera falencia del sistema para otorgar pensiones decentes a todos los chilenos. Esta es una realidad indesmentible y llama poderosamente la atención, a primera vista, que la autoridad lejos de reconocer los motivos reales por la cual debe intervenir, aparezca sólo aplaudiendo, y no condenando el fracaso de los privados oligopolios. Las pensiones asistenciales, así definidas en esta nueva idea, inferiores al salario mínimo, son la prueba evidente del fracaso y de la necesaria intervención del Estado.
En otro orden de materias llama poderosamente la atención que las autoridades del gobierno hayan expresado tajantemente que no habrá ninguna AFP estatal. Atendido lo anteriormente expuesto ello resulta completamente inexplicable, porque precisamente si es el Estado el que asume el salvataje, no se divisa razón alguna para que no se cree un organismo que ayude a regular la competencia, y en cierto modo la asegure, como ocurre en otras áreas de la economía lo que a áreas sociales se refiere.
En efecto, el sector estatal chileno contribuye a dar servicio y a competir en diversos sectores sociales. Así, podemos ver que FONASA compite con la salud privada; los colegios municipales o estatales compiten con colegios subvencionados y los privados sin subvención; en el área penal el Estado provee defensa a los imputados en competencia con los abogados que ejercen libremente la profesión; en la banca el banco Estado compite con la banca privada.
Estos ejemplos nos llevan a pensar que sólo la presión económica del gremio de las AFP ha podido cerrar la iniciativa que en otros campos económicos sociales se da con evidentes beneficios para la población.
Se agrava esta circunstancia si se considera que el fracaso del sistema privado para los más pobres hará incurrir al Estado en un gasto fiscal a partir del año 2007 superior a 2 dígitos y consumiéndose de paso y por muchas décadas, sino en forma permanente, parte de los ingresos fiscales que se suponía se ahorrarían una vez que el sistema previsional privado reemplazara al viejo sector público. La alta ideologización que conlleva la negativa para que el sector público compita con el privado por servicio, comisiones y rentabilidades huele demasiado mal para no hacerlo presente ante la opinión pública y los encargados de legislar por elección popular.
Durante largo tiempo la banca privada buscó poder abrirse al sector previsional. Si bien existían razones poderosas para acceder a su pedido, la alta concentración alcanzada por ella hace inconveniente otorgar tal autorización y es preferible que los grupos económicos propietarios de los bancos lleven a cabo el negocio previsional si lo desean mediante sociedades completamente diferentes al giro bancario. Se trata de negocios distintos, a plazos y retornos diferentes, en el que además pueden existir graves conflictos de intereses. El gran argumento que se había dado para acceder a que la banca pudiera ingresar al sector previsional se ha terminado con la negativa que el señor Ministro de Hacienda ha dado a la expectativa de que el Banco Estado ofreciera servicios profesionales. Y como el Banco Estado, aunque tiene un directorio, responde al Ministro de Hacienda en sus decisiones de política estratégica, mientras el actual Ministro de Hacienda esté en su cargo y la Presidenta acepte sus predicamentos no habrá una AFP estatal, y entonces, siguiendo la más estricta lógica, nada justifica el ingreso de los bancos al sistema privado de pensiones, porque su aporte a la competencia no será significativa.
En síntesis, la “reforma” no es tal. Los cambios propuestos no cambian los ejes del poder económico en juego y la base del sistema, la acumulación individual, no se toca. El “pilar solidario” es una intervención asistencial del Estado, obligada, mínima y en definitiva un apoyo a un sistema que no funcionó para los más pobres.
Ramón Briones Espinosa
posted by S Llantén at
7:45 AM
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